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La persona reclamante no puede acceder al nombre de las personas físicas titulares de una licencia de actividad de vivienda de uso turístico asociada al número de inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña, pero sí se le podría librar información anonimizada con un nivel de agregación territorial que garantice la no identificación de las personas afectadas.

Se resuelve sancionar con una multa de 1.500 € la empresa denunciada, encargada de prestar el servicio público de la oficina de turismo de Alella, dado que desde esta misma oficina se envió un correo electrónico, sin emplear la copia oculta, a las personas que habían reservado una visita a una bodega. Este hecho propició que las personas destinatarias del mensaje pudieran ver la dirección electrónica del resto de personas destinatarias y que supieran que estas también habían reservado la visita a la bodega, contraviniendo el principio de confidencialidad de los datos.

Dejando de lado las comunicaciones de datos destinados a países de la UE, las transferencias pretendidas por la entidad sólo se podrán efectuar si se aportan garantías adecuadas sobre la protección que los datos recibirán en su destinación en los términos establecidos en el artículo 46 del RGPD, dado que no se ha declarado que los países que serán destinatarios ofrecen un nivel adecuado de protección y dado que a priori no resultaría de aplicación ninguno de los supuestos excepcionales del artículo 49.1 del RGPD. Eso, sin perjuicio del cumplimiento del resto de principios y obligaciones establecidos en materia de protección de datos.

No vulneran el principio de consentimiento los tratamientos de datos de personas inspeccionadas/sancionadas por la comisión de presuntas infracciones administrativas, cuando el tratamiento lo hacen órganos en ejercicio de las funciones de inspección y sanción. Cuando los datos no se recogen directamente del interesado no se exige dar cumplimiento al derecho de información si la grabación y/o la comunicación de los datos (al responsable del tratamiento) están previstas a una norma con rango de ley.