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A la vista de la normativa de protección de datos personales, no resultaría justificado entregar la información en la cual se pretende acceder en la medida en que puede resultar altamente invasiva de la privacidad de las personas afectadas y que puede constar información relativa a las eventuales responsabilidades en que hayan podido incurrir personas al servicio de la entidad en relación con las irregularidades detectadas en la gestión económica y contable de la entidad entre los años 2013 y 2019, sino que habría que anonimizar la información. No obstante, sí que sería posible facilitar información agregada, de manera que no permita identificar a las personas afectadas, sobre si ha habido gastos que se consideren irregulares, el número de personas sospechosas de haber hecho uso presuntamente irregular de las tarjetas de crédito y si alguna de ellas no está vinculada laboralmente con la empresa, la categorización de los gastos que han originado las sospechas de la comisión de irregularidades sin facilitar el detalle, así como las acciones adoptadas por la empresa para exigir responsabilidades.