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La inexistencia de base jurídica suficiente que habilite el tratamiento de los datos personales de los trabajadores en un procedimiento electoral mediante el voto electrónico impide dar respuesta a las cuestiones planteadas, puesto que habría que estar a las previsiones concretas de la habilitación legal y el eventual despliegue reglamentario, para evaluar los aspectos concretos referidos al cumplimiento de la normativa de protección de datos.