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En relación con los certificados calificados para trabajadores públicos, desde el punto de vista del derecho a la protección de datos, habría que valorar la posibilidad de establecer una política de certificación que prevea la utilización de estos certificados basados en pseudónimos. Se recomienda tener en cuenta las diferentes opciones propuestas en este dictamen a los efectos de evitar la difusión del número de DNI en la publicación de documentos que incorporen una firma electrónica.