Los datos personales tienen que ser suprimidas una vez dejan de ser necesarias o pertinentes para la finalidad para la cual se recogieron o, si procede, una vez transcurridos los plazos de conservación establecidos por la ley. La supresión tiene que comportar el bloqueo de los datos supresos durante los plazos de prescripción en que se pueda exigir algún tipo de responsabilidad derivada del tratamiento.