Los concejales de un Ayuntamiento, miembros o no del gobierno, pueden tener acceso a un listado con el domicilio de los trabajadores de la empresa adjudicataria de una obra financiada con el fondo especial creado por el Estado para la dinamización de la economía y el empleo, en caso de que el Ayuntamiento tenga en su poder dicha información, en virtud del derecho de acceso a determinada información municipal que la LRBRL (artículo 77) les otorga, aunque únicamente para el ejercicio de las funciones de control y siempre que se cumplan los principios y obligaciones de la LOPD, y concretamente, el principio de calidad de los datos y el deber de secreto.