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La cesión de los datos y documentos que constan en los expedientes de ayudas para el pago de alquileres a un ente de derecho público de la Generalitat, a fin de que este pueda ejercer la inspección sobre la obligación que tienen los propietarios de viviendas arrendados de depositar la fianza en el Registro de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas, requiere, a falta de habilitación legal, el consentimiento de las personas titulares de los datos.