Meritxell Borràs reitera en el Parlament que hay que prohibir a Pegasus porque no tiene cabida en un Estado de derecho

La directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Meritxell Borràs, ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación sobre el Espionaje de Representantes Políticos, Activistas, Periodistas y sus Familiares por parte del Reino de España con los Programas Pegasus y Candiru.

Durante su intervención, Borràs ha presentado las conclusiones del informe jurídico elaborado por la APDCAT a petición de esta Comisión. En este sentido, ha reiterado la necesidad de prohibir herramientas de espionaje como Pegasus, que no tienen cabida en un Estado de derecho. Borràs ha afirmado que Pegasus y Candiru no respetan el principio de proporcionalidad, y ha recordado que existen límites a las intervenciones telefónicas y que la jurisprudencia muestra que el concepto de seguridad nacional debe ser interpretado restrictivamente y ser proporcional.

La directora ha insistido en que es necesario respetar siempre los principios generales de protección de datos y, por supuesto, el principio de proporcionalidad, tanto a la hora de adoptar la medida como respecto a la herramienta que se utiliza. También ha mencionado la importancia de respetar el principio de licitud y que cualquier intervención telefónica necesita contar con una autorización previa judicial.

Borràs ha recordado que el secreto de las comunicaciones en un Estado de derecho es una manifestación singular de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad, y ha denunciado que la falta de regulación efectiva de la intervención de comunicaciones electrónicas provoca un déficit de calidad democrática.

Además, la directora ha apuntado que es necesario tener presentes las garantías de las víctimas, que deben tener derecho, independientemente de la normativa aplicable, a acabar siendo informadas de la existencia de la intervención y a ejercer su derecho de defensa de forma efectiva.

Borràs también ha criticado que las investigaciones judiciales al respecto por parte de los tribunales del Estado no están siendo precisamente sencillas, ni ágiles ni resolutivas, y ha lamentado que como país vayamos tarde en la protección de los derechos de las víctimas de este caso de espionaje.

En la línea de los recelos mostrados por diversas autoridades europeas al respecto, como el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Consejo de Europa, la ONU y ONGs como Amnistía Internacional, la directora ha reiterado su preocupación por la utilización de estos sistemas. Insistió en que la protección de datos repercute en el resto de derechos y libertades individuales, como el derecho de libertad de expresión, a la integridad física, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho de defensa o el libre derecho a la participación política, entre otros.

Violaciones de seguridad notificadas

Por su parte, la directora ha explicado que la APDCAT recibió tres notificaciones de violación de seguridad en relación al espionaje con esta tecnología a personas dentro de su ámbito de influencia. Concretamente, del Hospital Clínic, del Parlament de Catalunya y del CTTI, en relación con el Gobierno, así como una denuncia que se derivó a la Agencia Española de Protección de Datos, competente para resolverla. En este sentido, Borràs ha hecho un llamamiento para que la APDCAT alcance competencias plenas y pueda actuar también en estos supuestos.

Para Borràs, los casos notificados muestran claramente el gran y grave alcance de personas, datos personales y derechos afectados por estas infecciones. Las tres violaciones de seguridad notificadas afectan a la libertad de expresión, al derecho a la participación política o al derecho a la salud, y los que se relacionan con él teniendo en cuenta el acceso a los datos personales de una cantidad indeterminada de personas.