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La normativa de protección de datos no impide el acceso por parte de la persona reclamando a la información de que disponga la Administración sobre las retribuciones brutas anuales percibidas por los cargos directivos de una empresa gestora de servicios públicos por cuenta de la administración, identificándolos directamente con el nombre y apellidos, desde el año 2011 hasta la actualidad, si el volumen de negocio generado por estos servicios es superior al 25% del volumen general de la empresa.