Las denuncias y reclamaciones por tratamientos indebidos de datos personales bajan tras la pandemia de la COVID-19

La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha recibido en 2022 un total de 617 denuncias y reclamaciones, una cifra ligeramente inferior a 2021, en la que la pandemia de la COVID-19 y el incremento del uso de internet y las nuevas tecnologías en el ámbito laboral y de salud hizo crecer notablemente el número de denuncias y reclamaciones recibidas (685). Con todo, excluido este año anómalo, continúa la tendencia al alza respecto a años anteriores, de manera que en 2022 la APDCAT ha recibido un 29 % más de denuncias y reclamaciones que en 2020, y un 49 % más que en 2019.

En cuanto a los asuntos de su competencia, la APDCAT ha investigado e instruido en 2022 un total de 316 solicitudes relacionadas con vulneraciones de la normativa en cuanto a tratamientos de datos personales, que corresponde a 193 denuncias y 123 reclamaciones de tutela de derechos. Esto supone un decrecimiento respecto a 2021, en el que se investigaron 423 asuntos, pero es muy superior a cifras de los años precedentes a la pandemia (un 33,8 % respecto a 2020).

77 resoluciones sancionadoras

En cuanto a la investigación y sanción, en 2022 se ha incoado un 54% más de expedientes sancionadores, que han pasado de los 61 de 2021 a los 94 de 2022.

Aunque en el año 2022 las entradas de asuntos competencia de la APDCAT han sido inferiores a las de 2021, el número de resoluciones dictadas en 2022 a raíz de los procedimientos tramitados por el Área de Inspección ha sido bastante superior al de los años anteriores, con un incremento de un 14,6 % respecto a 2021 (360 dictadas en el año 2022, por 314 en el año 2021).

En concreto, en el año 2022 se han dictado 124 resoluciones de archivo de informaciones previas (99 en el año 2021), 77 resoluciones de procedimientos

sancionadores (94 en el año 2021), 144 resoluciones de tutela de derechos (130 en el año 2021) y 15 resoluciones que pusieron fin a incidentes de ejecución de tutela de derechos (1 en el año 2021). Del conjunto de los procedimientos sancionadores resueltos en el año 2022 con declaración de infracción (amonestación o sanción económica), la mayoría se refiere al ámbito de la salud (12) y de la enseñanza en todos sus ciclos (10). También cabe destacar los vinculados al ejercicio de competencias administrativas (9), la prestación de servicios a la ciudadanía (9), internet/redes sociales (8), recursos humanos (8) y servicios sociales (7).

El mayor número de infracciones declaradas se relaciona, como en años anteriores, a la vulneración del principio de confidencialidad (28), seguida de la infracción del principio de licitud (13). También cabe destacar las infracciones vinculadas con la seguridad de la información (12), así como las relacionadas con la conculcación del principio de minimización (9) y la vulneración del derecho de información y del principio de transparencia (7).