La resolución ha sido promovida por la Autoridad Catalana de Protección de Datos, junto con otras 20 autoridades de protección de datos

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha participado en la 43 edición de la Asamblea Global de la Privacidad (GPA), la conferencia internacional que reúne anualmente a más de 130 autoridades de protección de datos de todo el mundo.
En este marco, la APDCAT ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos a la protección de datos de menores y jóvenes. Así, ha participado en el impulso de una resolución en favor de los derechos digitales de los menores, promovida por las autoridades de protección de datos de Francia (CNIL) e Italia (GPDP) en nombre del grupo de trabajo sobre educación digital (DEWG) en el que participa la APDCAT.
La resolución reconoce que los menores merecen una especial protección, como recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los menores. Reconoce que la privacidad es esencial para el empoderamiento, la dignidad y la seguridad de los menores y alerta de que el impacto del entorno digital sobre el desarrollo de los menores, su vida cotidiana, su futuro y las oportunidades que tienen en su alcance son cada vez más importantes.
Recuerda que a partir de la información online que existe sobre los menores se crea su identidad digital, que afecta a su presente y futuro, y que todo lo que se hace online deja rastro: una vez la información se comparte en Internet, se puede perder su control, y la información puede ser recopilada y utilizada por terceros sin saberlo.
Subraya que los proveedores de servicios online deben ser conscientes de su mayor responsabilidad respecto a los datos de menores que procesan. Recuerda que las tecnologías digitales conllevan riesgos para su intimidad, así como para su integridad física y psicológica, ya que pueden convertirse en víctimas del ciberacoso y el odio online. Y que los menores son particularmente vulnerables porque pueden ser menos conscientes de esos riesgos.
Así, la resolución incluye 30 puntos en torno a 5 ejes: el ejercicio de los derechos y la información de los menores en el entorno digital, la protección de las libertades fundamentales de los menores en cuanto al tratamiento de sus datos personales, la protección de los menores contra la explotación comercial de sus datos, la inclusión de las opiniones y derechos de los menores en el desarrollo de la normativa y el diseño de servicios que les afecten, y la participación de los progenitores o tutores legales y la educación digital.
Prohibir la manipulación de los menores
Entre los aspectos más destacados, la resolución pide que los Estados consideren la introducción de normativas que prohíban prácticas que manipulen a los menores o que tengan como objetivo influir indebidamente en su comportamiento de forma que les pueda perjudicar. También que los estados promuevan normativas para prohibir el uso o transmisión a terceros de datos de menores con fines comerciales o publicitarios y la práctica de técnicas de marketing que puedan animar a los menores a proporcionar datos personales.
Además, pide a los estados fomentar a nivel nacional la creación y distribución de recursos educativos actualizados y específicos para concienciar a menores, jóvenes, progenitores, personal docente y escuelas sobre los derechos digitales y cómo ejercerlos en la práctica en las redes sociales y plataformas mediante procedimientos de queja o supresión de contenido accesibles y adecuados para los menores.
También que los estados, en cooperación con las autoridades de protección de datos, se planteen la posibilidad de establecer programas educativos, acciones y campañas de sensibilización para menores, progenitores, proveedores de educación y ciudadanía en general, para mejorar su conocimiento de los retos, oportunidades y riesgos relacionados con las prácticas digitales de los menores, así como los derechos de menores en el entorno digital.
En cuanto a los progenitores y tutores legales, la resolución quiere servir para fomentar su compromiso para que respeten los intereses y privacidad de los menores. Confirma el compromiso con la capacidad de los menores para ejercer directamente sus derechos digitales, y la necesidad de que cuando los progenitores o tutores legales ejerzan estos derechos en nombre de ellos, lo hagan teniendo en cuenta únicamente los mejores intereses para los menores, el derecho al desarrollo, a la no discriminación y al derecho a ser escuchado.
En cuanto a los proveedores de servicios online, la resolución establece que no deberían incorporar técnicas de manipulación y diseño engañoso que influyan en la toma de decisiones de los menores que afecten indebidamente a su privacidad o que traten más datos personales de los necesarios.
También incide en la necesidad de que se abstengan de la elaboración de perfiles de menores basados en un registro digital de sus características reales o presuntos con fines comerciales, e incluso eviten cualquier difusión o divulgación de datos personales con carácter informativo o noticiable que permita identificarlos y que perjudique su honor, imagen o reputación.
El impacto de la COVID-19
La 43ª edición de la Asamblea Global de Privacidad (GPA) ha servido para realizar un balance del impacto en la protección de datos derivado del diseño de soluciones para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, como el pasaporte COVID-19 y otros certificados similares. También, para poner sobre la mesa los retos y perspectivas de futuro de la protección de datos a nivel internacional. Así, se han abordado las implicaciones en los derechos a la protección de datos del desarrollo de las nuevas tecnologías o los sistemas de reconocimiento facial.
Además de esta resolución, durante la conferencia anual de la GPA se han aprobado también las siguientes resoluciones:
• Resolución sobre el uso compartido de datos para el interés público.
• Resolución sobre el acceso gubernamental a los datos, la privacidad y el estado de derecho.
La Asamblea Global de Privacidad ha aprobado una resolución sobre los derechos digitales de los menores, a iniciativa de las autoridades de protección de datos de Francia e Italia