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De acuerdo con la normativa de protección de datos, el acceso del funcionario perjudicado a una copia de los vídeos grabados relativos a las sesiones, en las cuales participó, de la comisión de investigación de unos hechos presuntamente constitutivos de acoso laboral y persecución sindical por su jefe y un concejal del Ayuntamiento, estaría justificado en la necesidad de poder ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.