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La petición de acceso a un certificado sobre la diligencia que la instructora de un procedimiento disciplinario incoado a una funcionaria municipal emitió para comunicar a Fiscalia la existencia de una posible responsabilidad penal de esta trabajadora tendría que ser denegada, a menos que la persona solicitando acreditara la necesidad de disponer de esta información para el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la CE.