Las partes en el procedimiento judicial tienen derecho a acceder a toda la información que consta en lo mismo, excepto aquella información que haya sido declarada secreta o reservada, y a los datos personales que los jueces y magistrados, el ministerio fiscal o los letrados de la Administración de Justicia, hayan acordado suprimir por ser excesivas o no adecuadas. En consecuencia, los abogados que representan a un cliente en el procedimiento judicial pueden comunicarle toda la información que dispongan del procedimiento incluidos los datos de las otras partes o de terceras personas que puedan constar que le haya facilitado la oficina judicial como representante suyo. El abogado no puede utilizar los datos que conozca en un procedimiento judicial en representación de un cliente, para la representación y defensa de otro cliente, a menos que cuente con una base jurídica específica de las previstas en el artículo 6 RGPD.