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La normativa de protección de datos se tiene que interpretar de forma conjunta con la normativa relativa al tratamiento de los archivos y documentos generados por la Administración pública, que puede imponer la obligación de mantener y conservar la documentación incluso una vez ha concluido la actuación administrativa y se ha cumplido la finalidad pública que justificó la recogida y el tratamiento de los datos. El ejercicio del derecho de cancelación de datos puede quedar limitado pero el responsable del tratamiento tiene que dar respuesta expresa a la solicitud de cancelación.